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sábado, 16 de diciembre de 2017
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Los inmigrantes asentados en España aportan más al Estado del bienestar de lo que reciben. Estudio Social N.31

Madrid, 4 de mayo 2011
Declaraciones Javier Moreno. Estudio Social Inmigración. Obra Social “la Caixa”
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El 12,17% de la población de España, más de 5,7 millones de personas, es inmigrante. Nuestro país se ha convertido en el segundo Estado miembro de la Unión Europea por número de residentes extranjeros.


Menos del 1% de los perceptores de pensiones son extranjeros (de ellos, más de la mitad son europeos). A su vez, se calcula que la  alta tasa de actividad de los inmigrantes contribuirá a retrasar en cinco años la entrada en déficit del sistema de pensiones, además de frenar el envejecimiento poblacional.


Los inmigrantes consultan un 7% menos al médico de cabecera y un 16,5% menos al especialista, aunque recurren un 3,2% más a los servicios de urgencias. Actualmente la proporción del gasto sanitario que absorben equivale a poco más del 5% del total.


El 30% de los inmigrantes en España son pobres, frente al 18% de autóctonos que se encuentran en esta situación. No obstante, sólo un 6,8% de las intervenciones de los servicios sociales se dirigen a la población inmigrante.


El 50% del superávit de las finanzas públicas en los años de mayor crecimiento correspondió a impuestos y contribuciones sociales aportados por la inmigración. Sin embargo, la crisis ha castigado duramente a estos colectivos, que en la actualidad sufren tasas de desempleo superiores al 30%


Más de la mitad de los españoles percibe al inmigrante como un competidor en el acceso a prestaciones y servicios sociales. Los autores advierten que estas actitudes pueden aumentar en las próximas dos décadas, con el envejecimiento del colectivo y el incremento de las peticiones de ayudas y servicios.


El informe señala que la concentración de la inmigración en determinadas Comunidades Autónomas, municipios y barrios introduce desajustes en la distribución de recursos fiscales entre distintos niveles de la administración del Estado. Esto provoca también incrementos localizados de la demanda de prestaciones y contribuye al deterioro de los programas de protección social.

 

 

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